Cuando aún no se determinan los daños ocasionados por fenómenos climatológicos como el huracán Harvey que arreció sobre Houston en Estados Unidos; los huracanes Irma, Katia y José que asolaron la región Caribe o el Terremoto de Oaxaca de México, comienzan a surgir reflexiones en cuanto a si los Estados, la empresas y las aseguradoras, cuentan con las espaldas suficientes para hacer frente a potenciales desastres que se escapen de la norma.

Jon Hancock, director de Gestión de Desempeño de Lloyd’s, sostiene al respecto que “el próximo gran desastre siempre está a la vuelta de la esquina y es importante que los aseguradores consideren ese factor en sus cálculos. En los últimos años hemos visto el mercado disminuyendo la recarga ante posibles catástrofes que se aplica a las tarifas con el fin de ofrecer precios más atractivos para los clientes”.

Hancock agrega que “este es un desafío constante para el mercado, particularmente cuando la capacidad es tan abundante y la competencia es tan feroz. Harvey e Irma sirven como otro recordatorio de que necesitamos mantener la disciplina en los seguros, incluso frente a un mercado global tan competitivo“.

Respecto del impacto puntual global de Harvey e Irma, Hancock indicó que “no consideramos a Harvey e Irma como un evento de cambio de mercado (MTE, por sus siglas en inglés), cuyo umbral es una serie de pérdidas que asciendan a más de US$200.000 millones. Sin embargo, la situación podría cambiar. Estamos evaluando toda la información más reciente de la región y, como se anunció a principios de este año, tenemos nuevas medidas para ayudar al mercado a manejar un MTE.

“Nuestro enfoque es dar al mercado el apoyo que necesita para responder con eficacia y pagar las reclamaciones lo más rápidamente posible, a la vez que se preserva la estabilidad del mercado. Seguimos subrayando lo importante que es para los agentes de gestión contar con planes de contingencia bien probados en caso de un MTE y asesoramiento sobre los elementos críticos que deben considerarse en nuestra línea“.

¿Los países pueden asegurarse ante desastres naturales?

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) surgen elementos para una respuesta a esta interrogante. En principio si existe la posibilidad, sin embargo, según un estudio, la abrumadora mayoría de los gobiernos carecen de seguros macro contra desastres naturales debido a los altos costos de ese tipo de seguros en mercados incipientes superan los beneficios.

Uno de los tipos de seguros contra desastres más prometedores es lo que se conoce como un bono de catástrofes (o cat), instrumento financiero comerciable que distribuye el riesgo a través de los mercados globales de capital.

Estos bonos suelen ser emitidos por gobiernos o empresas de reaseguros —las aseguradoras de las aseguradoras— y son respaldados por letras del Tesoro de Estados Unidos. Aunque suelen pagar una pequeña fracción de los daños, pueden brindar importantes beneficios en caso de que se produzcan las peores catástrofes.

En 2006, México se convirtió en un pionero en América Latina al emitir un bono de catástrofe de US$160 millones para cubrir los daños de un potencial terremoto.

Según el BID, el alto costo de estos seguros se debe principalmente a la dificultad de calcular un evento que se produce una vez por siglo y sus costos relacionados. De hecho, aún ninguna empresa puede predecir con precisión la probabilidad de un terremoto devastador que cobre la vida de miles de personas y millones de dólares en daños. Además, con el cambio climático es difícil predecir qué tan altos puedan llegar a ser los costos de este tipo de fenómenos.

Por otra parte de se debe destacar que aún los países más vulnerables a huracanes, tormentas e inundaciones enfrentan sólo entre 2% y 5% de posibilidades de enfrentar una catástrofe en cualquier año donde la producción cae 4% y no se recupera.

Impacto económico y cómo enfrentarlo

Según el BID, la mayoría de los países termina recuperándose de estos eventos catastróficos. Hay muy pocos casos, como el del terremoto de 1978 en Irán o el de diciembre de 1972 en Nicaragua, que aumentaron la pena de esos países con un crecimiento negativo durante el decenio siguiente al evento.

Para enfrentar el impacto de estos fenómenos se proponen dos medidas fundamentales: ahorrar más y mejorar la gobernanza. Un ejemplo en ambos casos, asegura el BID, es Chile, país que en febrero de 2010 sufrió un terremoto de 8,8 grados en la escala Richter seguido de tsunami.

El desastre natural dejó más de 500 muertos y 1 millón de desplazados, y las pérdidas económicas ascendieron a US$30.000 millones, o casi 19% del PIB. Sin embargo, su saludable manejo macroeconómico le permitió aumentar su tasa de ahorro en 11 puntos porcentuales entre 1985 y 2012, frente al período 1960-1984, otorgándole “espacio fiscal” suficiente para recuperarse sin depender de ayuda extranjera.

Chile también mantiene una buena gobernanza. De hecho, en el año del terremoto contaba con leyes que establecían estrictos códigos de construcción y una sólida red de personal de emergencia descentralizado que podía movilizarse sin recibir órdenes de la capital aislada.

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